Gobierno crea Comité de Expertos para esclarecer violaciones de derechos humanos en protestas de 2019 a 2021

Las protestas sociales que estremecieron a Colombia entre 2019 y 2021 dejaron heridas abiertas: denuncias de abuso policial, desapariciones temporales, agresiones a manifestantes, detenciones arbitrarias y un país dominado por el miedo y la indignación. Cinco años después, el Gobierno creó un Comité de Expertos Ad hoc que tendrá el mandato de esclarecer qué ocurrió realmente y qué patrones de violencia pudieron configurarse en ese periodo.

El mecanismo fue creado mediante el Decreto 1190 del 12 de noviembre de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y los ministros del Interior, Defensa y Justicia. No es un órgano judicial ni una comisión para repartir culpas: su tarea será documentar, analizar y recomendar, sin efectos penales o disciplinarios. El enfoque busca reconstruir hechos y evitar su repetición, no reemplazar a la justicia.

¿Quiénes conformarán el Comité?

El Decreto ordena que el Comité esté integrado por tres expertos de reconocida trayectoria, con experiencia en derechos humanos y acompañamiento a víctimas. No los elige el Gobierno: serán postulados por organizaciones sociales y seleccionados por:

• La Defensoría del Pueblo,
• La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, y
• La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

El Ministerio del Interior contratará a los integrantes y financiará, junto con el Ministerio de Justicia, un equipo técnico de nueve profesionales. El Comité funcionará hasta el 31 de julio de 2026.

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Las tres tareas clave del Comité

1. Reconstruir qué pasó: el equipo deberá revisar documentos, videos, testimonios, reportes oficiales y registros ciudadanos para trazar patrones de vulneración de derechos humanos durante los tres años de protestas.
2. Identificar posibles omisiones y responsabilidades institucionales: sin actuar como juez, el Comité deberá documentar acciones u omisiones de agentes del Estado y particulares que pudieron contribuir a violaciones de derechos humanos, incluidas actuaciones con “omisión, apoyo, tolerancia o coordinación”.
3. Entregar recomendaciones al país: la meta es que las instituciones adopten medidas para garantizar: no estigmatizar la protesta, no criminalizarla, respetar y proteger a quienes se movilizan, mejorar los protocolos de actuación en futuras jornadas de movilización social.

El informe será público

Una diferencia clave frente a ejercicios anteriores: el Decreto establece que el informe final deberá ser presentado directamente por el Presidente ante la opinión pública, a través de medios, redes institucionales y otros espacios abiertos.

Además, todas las entidades del Estado tienen la obligación de entregar información sin restricciones. No pueden reservar documentos ni negarse a cooperar.

Un paso necesario en la reconstrucción de la confianza

Las protestas de 2019 a 2021 marcaron a toda una generación. De aquel periodo quedaron imágenes que se volvieron símbolos: manifestantes asesinados por la fuerza pública, agentes del ESMAD disparando gases a corta distancia, denuncias de violencia sexual, uso desproporcionado de la fuerza y cuestionados debates sobre la legitimidad de la movilización social.

El nuevo Comité no resolverá por sí solo todas las tensiones que quedaron a partir de las jornadas de manifestación, pero abre un camino para documentar, ordenar y explicar lo que ocurrió, un paso que organizaciones sociales venían reclamando desde hace años.